El PSOE ha firmado un convenio de colaboración con la SGAE para perseguir la piratería en los municipios socialistas. Ha elegido el lado equivocado en esa pelea. En este artículo se muestran algunas de las prácticas cuestionables y abusivas de la SGAE, poco consistentes con la defensa del bien común.

El pasado 6 de febrero, el PSOE firmó con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) un convenio marco para perseguir los delitos contra la propiedad intelectual en los municipios gobernados por los socialistas. Este acuerdo supone, según la escasa información de que dispongo, la persecución policial de la “piratería” musical y la promoción de campañas de sensibilización de los ciudadanos ante este problema, que, según los portavoces socialistas, representa una seria amenaza para la cultura.

En este artículo intentaremos mostrar que el PSOE ha elegido el lado equivocado en esta pelea, que la SGAE no defiende los derechos de autor en general, sino sus propios intereses de naturaleza monopolista; que ha venido realizando prácticas abusivas y reñidas con la libre competencia, y que sus pretensiones recaudadoras exceden todo límite razonable y equilibrado entre los derechos de todas las partes afectadas.

Quiero dejar claro que estoy en contra de la piratería, siempre que este término se utilice para definir prácticas manifiestamente ilegales que persiguen el lucro y dañen las bases de una industria empleando métodos ilícitos. Pero las compañías discográficas, cinematográficas y los intereses corporativos estrechos nos están acostumbrando a una ceremonia de la confusión. Desde los gerifaltes de las redes ilegales de piratería hasta el ciudadano que hace copias caseras, pasando por los internautas que intercambian música de su propiedad sin fines de lucro, un amplio abanico de prácticas muy diferentes caen bajo el estigma del pirata que aborda la propiedad ajena sin el más mínimo respeto por la ley. En esas “campañas de sensibilización” se ocultan, más o menos disimuladamente, la insaciable avaricia de aquellas compañías e intereses privilegiados. Todo menos un enfoque equilibrado y justo entre todos los intereses y derechos en competencia que, al tiempo que salvaguarde los estímulos e incentivos para la creatividad, permita también que los ciudadanos accedan a y utilicen la cultura y el arte para su enriquecimiento cultural propio y ajeno.

El martillo justiciero de la SGAE

La SGAE saltó a la fama entre los ciudadanos de a pie en enero de 2002, cuando una juez de Barcelona condenó a la empresa fabricante de CDs Traxdata a pagar un canon a la SGAE por cada disco compacto grabable vendido desde 1997. Las pretensiones de la entidad y la decisión judicial levantaron una oleada de protestas plenamente justificadas.

El canon por copia privada se viene cobrando desde hace unos diez años en cintas de audio y vídeo. La ley así lo estableció para “compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir” por la realización de copias privadas (artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en adelante LPI).

Sin embargo, en el caso de los discos compactos grabables (en adelante CD-Rs) es realmente dudoso que se pueda aplicar dicho canon. El examen más detallado que conozco de este asunto, que conlleva una sólida crítica de la mencionada resolución judicial, ha sido elaborado por el Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Cataluña, cuya atenta lectura recomiendo a los socialistas.

La pedestre sentencia de la juez afirmaba que “no es aceptable que la demandada alegue indebida utilización por el consumidor de los CD-R Data, porque es bien sabido cuál es el hábito del consumidor español, el de grabar mediante ordenador (aparato ya común en casi todos los hogares) los CDs legalmente adquiridos por otras personas, o grabar música y otros materiales directamente de Internet”.

Amén de convertirnos a todos los ciudadanos en piratas –algo absolutamente impropio en una juez–, estas y otras palabras de la citada resolución han permitido que la SGAE afirme que, según la sentencia, “es evidente que el CD-R informático o Data es un medio idóneo para la reproducción de fonogramas”.

El análisis del Colegio de Ingeniería Informática de Cataluña muestra claramente que los CD-Rs tienen muchos otros usos que la copia privada de música, como son la distribución de programas de manejo o funcionamiento de dispositivos informáticos varios, las copias de seguridad, el transporte de datos personales, el envío de datos confidenciales, la divulgación de directorios, listados y agendas de todo tipo, la divulgación de información útil y comercial (información de las administraciones públicas y de productos comerciales), divulgación cultural, soporte digital para fotografías, etc. Todos estos usos, dice el colegio, “representan un muy considerable porcentaje de los CDs grabables que se comercializan en España. Sería del todo injusto gravar la venta de dichos CDs con un canon que los considerara todos destinados a la grabación de música o vídeo”.

La LPI no pensó en soportes digitales. Solo tenía en mente la reproducción analógica de música y vídeo. Las cintas de audio y vídeo, aunque pueden utilizarse para grabar o hacer copias de entrevistas, discursos propios, vídeos caseros, etc., solo pueden destinarse para grabar y copias audio y vídeo, respectivamente. Pero los CD-Rs tienen usos muy dispares, muchos de ellos completamente alejados de las copias privadas de música y vídeo, como se ha señalado. No es objeto de este artículo discutir aquella nefasta sentencia, sino dejar constancia de lo inadecuado de la reclamación de la SGAE, que excede lo razonable y lo justo, algo que debería preocupar profundamente a los socialistas. Como ha dicho dicho Eduardo Pedreño, director de DiarioRed, “al amparo de una legislación incapaz de reflejar la realidad social, la SGAE se convirtió en dueña y señora de imponer cánones sobre todo tipo de soportes “susceptibles de”, tal vez, en algún lugar y en algún momento, contener material que pudiera ser susceptible de violar derechos de propiedad intelectual”.

Las palabras de Pedreño fueron proféticas. En el mismo artículo decía: “(…) los argumentos que esgrime la Sociedad son terriblemente sofistas. Porque la misma lógica que les lleva a pedir un canon por los CDs les llevará a pedirlo por los grabadores, por todos los soportes magnéticos análogos (diskettes, DVDs, magneto-ópticos, zips, jazzs, etc.), por los módems, por las propias conexiones a Internet, por los discos duros, por los teléfonos móviles o por tantos otros soportes que se puedan cruzar en el camino”. En efecto, todos estos soportes son susceptibles de, tal vez, en algún momento, utilizarse supuestamente para hacer copias privadas susceptibles, tal vez, de… ¿Por qué no reclamar un canon por la producción de folios de papel, que tal vez, en algún momento, pueden utilizarse para hacer copias privadas susceptibles de…? Y es que la SGAE no distingue entre soportes y técnicas, porque el CD-R es al folio de papel lo que una grabadora es a una fotocopiadora, que sí paga el dichoso canon.

Pues bien, José Neri, presidente de la SDAE, filial en Internet de la SGAE, ha pronosticado que los discos duros de los ordenadores, los módems y las conexiones ADSL llevarán un canon como el de los CD-Rs. Es con esta asociación extremista y avariciosa, que entiende los derechos de autor como un martillo dispuesto a golpear sobre cualquier barquita que surque los mares de la comunicación libre para imponerles su impuesto revolucionario, es con esta asociación con la que se ha asociado para… defender los derechos de autor, contra viento y marea, contra los derechos de todos. Debería pensárselo dos veces.

¿Hay más? Sí. Hay mucho más. En mayo de 2002, la Asociación Fonográfica y Videográfica de España (AFYVE) se querelló contra dos ingenieros electrónicos valencianos que habían creado una máquina copiadora de CDs, que llamaron Copyplay, por supuesto delito contra la propiedad intelectual. La máquina en cuestión permite que cualquier persona introduzca un CD grabado en una ranura y un CD virgen en otra, y por un euro y en cuatro minutos, tiene una copia hecha de gran calidad. El martillo corsario fue esta vez de la AFYVE, pero con el apoyo entusiasta de la SGAE. Un directivo de la SGAE no tuvo reparos en afirmar que el fiscal “no se ha estudiado la Ley de Propiedad Intelectual”. Este clarividente intérprete de la ley añadió que los autores “no pueden permitir la instalación de este tipo de máquinas que permiten copiar un producto que tiene titulares y propietarios”. Me pregunto yo qué pensará este señor de las fotocopiadoras… o si realmente se ha leído la Ley de Propiedad Intelectual…

Después de dos años de litigios, un juez decidió que no había delito. Según el magistrado, “se desprende la licitud de la obtención de copias para uso privado del copista, siempre que la misma no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa” y, además, “resulta difícil apreciar en la conducta de José Vicente Tarodo la comisión de un delito contra la propiedad intelectual, ya que él no desarrolla actividad ni personalmente ni a través de terceros, de grabación de CD”. Es como si se dijera que la fotocopiadora o el videocasete violaran los derechos de propiedad intelectual. De hecho, eso fue lo que intentaron en su momento las industrias respectivas. Se repite la historia. Si cuela, cuela. Pero este “si cuela, cuela”, ¿con qué tiene que ver: con derechos (de autor o de lo que sea) o con intereses egoístas a los que les importa un bledo el bien común?

El caso es que Dagicom, la empresa creada por los valencianos, ya está vendiendo máquinas que permiten copiar a un formato digital música, vídeo, datos informáticos y fotografías. Las máquinas ya funcionan en videoclubes, copisterías, cibercafés y facultades universitarias.

Pero además de perseguir a las empresas fabricantes de malignos dispositivos, la SGAE también tiene tiempo para perseguir a individuos y webs personales. En un mensaje publicado por Maky Press en enero de 2002, el operador del sitio web Esquiclub.com, dedicado al deporte del esquí, explicaba sus cuitas con la SGAE. El martillo pilón de la sociedad exigió al operador de este sitio sin ánimo de lucro que le pagara los derechos por emitir música. En su detallado mensaje, el autor del web explicaba cómo las emisiones musicales streaming no eran suyas, sino de una radio con servidor en Estados Unidos y que, además, dudaba seriamente que los artistas musicales implicados fueran miembros de la SGAE, ya que la radio en cuestión no tenía en su repertorio cantantes ni grupos españoles. Lo que hacía sospechar que la SGAE ni siquiera se había tomado la molestia de comprobar este hecho. Daba igual, la sociedad le pidió el pago de 60.000 pesetas al mes. Por la cara.

En septiembre de 2002, Baquía informaba de la existencia de quince denuncias de la SGAE contra otros tantos portales musicales que, presuntamente, distribuían música de forma ilegal.

Un caso aparte merece la embestida de la SGAE contra Putasgae.com. Se trataba de un sitio web cuyo objetivo era la crítica y denuncia de las prácticas de la SGAE. Como hemos visto tantas veces en Internet, cuando una empresa u organización no puede impedir las críticas legítimamente protegidas por la legislación sobre el derecho a la libertad de expresión, recurre a otros medios. En este caso, el barco corsario de la SGAE atracó en el puerto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para que se le prohibiera a Putasgae.com el uso de dicho dominio.

Tal vez uno de los episodios más infames de los que he tenido noticia sea el que ha afectado a unos grupos musicales que se han solidarizado con la Galicia afectada por el desastre del Prestige.

En febrero de este año, Maky Press se hacía eco del atropello cometido por la SGAE contra varios grupos de rock que participaron el 25 de enero en un concierto celebrado en Vigo en apoyo a los afectados por la catástrofe ecológica.

Siete grupos de rock actuaron desinteresadamente con el fin de entregar el dinero recaudado por las entradas a los afectados por dicha catástrofe.

Pues bien, la SGAE exigió a cantantes el pago de un canon, a pesar de que solo uno de los grupos era miembro de esta sociedad. Al colectivo organizador del evento, Grupo Erva, la SGAE le exigió el 10 por ciento de las entradas.

A ver, entendámosnos. La SGAE quería cobrar en un evento benéfico, en solidaridad con los afectados por el desastre del Prestige, en el que los grupos musicales no cobraron nada, ni eran –salvo uno– socios de la SGAE, ni interpretaron canciones registradas en la SGAE… ¿Cómo calificamos esta conducta? ¿Hablamos de piratería? ¿Cuál es la catadura moral de la SGAE? ¿Qué hace el PSOE con este compañero de viaje cuya única preocupación es llenarse los bolsillos sin reparar en los medios? ¿En nombre de qué puede la SGAE argumentar que tiene legitimidad moral para luchar contra la piratería? ¿Qué hace el lobo cuidando a las ovejas?

¿Qué derechos de qué autores?
La SGAE se creó en 1941 en régimen de auténtico monopolio en la gestión de los derechos de autor. En 1987, la nueva legislación permitió el surgimiento de otras entidades gestoras, si bien todo lo que supuso esta renovación fue la creación de nuevos monopolios en cada uno de los sectores (derechos reprográficos, discográficas, intérpretes y ejecutantes, productores audiovisuales, actores, etc.). En lugar de un único monopolio, habría ocho.

Esta situación, “mejorada” con respecto a la vigente durante la dictadura franquista, no puede evitar la existencia de fenómenos tan perversos como la existencia de acuerdos de tipo cártel y precios pactados que limitan severamente la competencia. Tan es así que la SGAE ha sido denunciada por la Federación de Municipios de Cataluña por presunto abuso de dominio en la fijación unilateral de tarifas. En febrero de 2002, el Tribunal de Defensa de la Competencia sancionó a la SGAE con una multa de 125.000 euros por prácticas contra la competencia. Según este organismo, la sociedad había impuesto “el cobro a las productoras fonográficas de discos no integradas en la Asociación de Productores de Fonogramas y Videogramas de España de cantidades más elevadas que las que cobraba a las productoras que estaban adscritas a esta asociación por la utilización del mismo repertorio de obras protegidas en la distribución de fonogramas para la venta al público y uso privado”.

Por si esto fuera poco, recientemente el mismo tribunal ha abierto un expediente sancionador a la SGAE “por prácticas restrictivas de la competencia”. Este es el resultado, de momento, de la larga lucha que viene realizando DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales) contra la SGAE en defensa de sus intereses.

DAMA es una entidad de gestión de derechos de autor creada en 1999 por un grupo de guionistas y directores de cine y televisión. Desde su creación, DAMA ha venido reclamando a la SGAE que termine con una práctica inaceptable, consistente en el cobro de derechos de autores que no son miembros de la SGAE, sino de DAMA.

En un comunicado, DAMA explica que SGAE está cobrando los derechos de autor de socios de DAMA que nunca fueron miembros de la SGAE y de otros que, en su momento, sí fueron miembros de la SGAE, pero a los cuales esta sociedad se niega sorprendentemente a rescindir sus contratos. Según DAMA, “la SGAE sigue recaudando TODO el dinero que genera la industria audiovisual española, apropiándose indebidamente de millones de euros que corresponden a los socios de DAMA”. Entre estos figuran directores de cine tan conocidos como Montxo Armendariz, Enrique Urbizu o Emilio Martínez Lázaro. En total los socios de DAMA reclaman a la SGAE 12 millones de euros, acumulados en tres años, y mantienen abiertos más de quince procesos judiciales contra la SGAE para conseguir que se les reconozca su baja voluntaria en esta última sociedad. “La SGAE sigue aplicando su carácter de monopolio en los contratos con las televisiones y el resto de los usuarios (salas de cine, bares…), sin hacer constar quiénes son sus socios. Cuando reclamamos los derechos de nuestros socios a los usuarios, nos dicen que ya los han pagado a la SGAE y que reclamemos a ellos. Es un abuso absoluto”, ha dicho Montxo Armendariz.

¿No es el colmo de los colmos que una persona no pueda darse de baja de una asociación cuando lo crea conveniente y que, para más colmo del último de los colmos, se quede con el dinero que le corresponde por su trabajo? ¿No defiende la SGAE los derechos de autor? ¿No está en contra del “robo” que supone la piratería? ¿Qué piratería? ¿Solo la de los “manteros” y la de los internautas y la de los inventores de nuevas máquinas, etc., etc.?

¿Y qué les parecería a los socialistas si, después de todo esto y por si no fuera suficiente, dijéramos que la SGAE copia materiales de otros violando sus derechos de autor? ¿No se lo creen? En marzo de 2002, Eduardo Pedreño, director de DiarioRed, demostró que la SGAE pirateaba descaradamente noticias publicadas por DiarioRed y las reproducía en un portal suyo de Internet.

El PSOE debe rectificar
Llegados a este punto ya me he aburrido de relatar las tropelías de la SGAE. De verdad. Espero, cuando menos, haber suscitado en los socialistas alguna duda sobre este desprestigiado compañero de viaje que se han buscado para luchar contra la piratería. ¿Contra qué piratería?

Entiendo que Teddy Bautista, máximo preboste de la ínclita SGAE, tenga “contactos” en los círculos socialistas, habida cuenta de su pasado comunista. Y no solo él, sino otros muchos conocidos cantantes y artistas progresistas. A mediados del año pasado, la SGAE y otras organizaciones similares, emprendieron una agresiva campaña contra la “piratería” –la de los otros, claro–. En ella pedían más mano dura, más represión policial y más implicación de los ayuntamientos en esa tarea. Y mira por dónde, eso es lo que viene a decir el convenio firmado entre el PSOE y la SGAE. No hay casualidades.

El PSOE puede tener amigos en la SGAE, pero debería demostrar que es un partido progresista y preocupado por el bien común y el buen ordenamiento de la sociedad. No debería dejarse llevar por el extremismo y la inmoralidad de la SGAE, no debería legitimar, con su apoyo, las infames prácticas de esta entidad aquí denunciadas. Debería, más bien, pensarlo dos veces; debatir a fondo la naturaleza compleja y multifacética de la piratería y de los derechos de autor en el entorno digital; debería oír a todas las partes y, en fin, debería adoptar una postura equilibrada en este asunto.